Las ZBE de España podrían desaparecer

Gonzalo Fernández 15 de julio de 2025
Las ZBE de España podrían desaparecer
Señal de ZBE Distrito Centro de Madrid junto a monumento histórico

Las Zonas de Bajas Emisiones surgieron en Europa como una medida clave para mejorar la calidad del aire de las ciudades y combatir la contaminación. Francia, que fue el primer país en implantar estas medidas, sorprendió recientemente al resto de países eliminando todas las ZBE que tenía establecidas en sus principales ciudades, desencadenando un intenso debate social y político.

Este nuevo giro plantea la pregunta de si las ZBE en España podrían seguir el mismo camino dado el creciente debate sobre la equidad de estas medidas y el malestar social que generan entre quienes no pueden permitirse un vehículo nuevo o con etiqueta ambiental.

¿Por qué se han eliminado las Zonas de Bajas Emisiones en Francia?

Francia fue uno de los primeros países en implementar las Zonas de Bajas Emisiones (Zones à Faibles Émissions) en el año 2019, comenzando por ciudades como París, Lyon o Grenoble,empezarona restringir el acceso de vehículosconsiderados altamente contaminantes a determinadas zonas.

En el 2021 se reforzaron estas medidas con la aprobación de una nueva ley que obligaba a todas las áreas urbanas de más de 150.000 habitantes, a establecer una ZBE si se superaban los límites de contaminación previstos.

Sin embargo, las Zonas de Bajas Emisiones de Francia fueron eliminadas en la primavera de 2025 tras una iniciativa conjunta de varios partidos, generando un importante impacto a nivel nacional e internacional ya que el país ha pasado de ser un referente en movilidad sostenible, a dar marcha atrás de forma tan drástica y repentina.

Los motivos principales que sustentaron esta eliminación han sido:

  • El impacto social y económico desproporcionado. Se alegó que las ZBE de Francia penalizaban especialmente a aquellos ciudadanos con menos recursos al impedirles circular con sus vehículos más antiguos sin ofrecerles unas alternativas económicas viables. Muchos no podían comprar un coche eléctrico o un coche híbrido ni acceder fácilmente al transporte público.
  • Percepción de medida elitista o “clasista”. Una gran parte de la ciudadanía veía estas zonas como una forma de segregación urbana en la que sólo quienes tienen vehículos nuevos y caros pueden circular sin problemas. Este discurso caló especialmente en las zonas rurales y de la periferia donde coger un coche es la única forma de movilidad.
  • Aplicación sin alternativas reales. Una de las principales críticas fue que, antes de restringir el uso de vehículos, no se había reforzado el transporte público ni se habían ofrecido alternativas de movilidad accesibles para toda la población. La medida se percibió como poco realista en contextos donde el coche sigue siendo imprescindible.
Tráfico congestionado con vehículos emitiendo humo de escape en una avenida

Dificultades y críticas a las ZBE de España

Las Zonas de Bajas Emisiones en España se han enfrentado a un amplio abanico de retos y críticas por parte de ciudadanos, ayuntamientos, colectivos profesionales y sectores políticos.

Uno de los principales argumentos de los detractores de las ZBE de España es que estas zonas penalizan a quienes tienen menos recursos ya que, para muchos ciudadanos (autónomos, familias con rentas bajas o residentes en zonas rurales)su vehículo habitual (etiquetado como coche antiguo y contaminante) es su única herramienta de movilidad y se ven obligados a cambiarlo, a pesar de que funciona perfectamente, por un vehículo un vehículo más nuevo.

Al igual que en Francia, esta situación ha reforzado la percepción de que las ZBE son medidas clasistas y elitistas, ya que limitan el uso del coche a quienes pueden permitirse modelos más recientes, generando una discriminación económica hacia quienes no pueden afrontarlo. Para muchos, esto supone una restricción indirecta de derechos básicos como la libertad de movimiento.

Además, varias Zonas de Bajas Emisiones de España han sido impugnadas ante los tribunales siendo anuladas o suspendidas por jueces debido a errores formales en su tramitación e incluso por dudas ante la proporcionalidad de las restricciones. Incluso se han generado dudas acerca de si las sanciones aplicadas son válidas o si deben ser devueltas.

Por otro lado, existen también las limitaciones económicas y técnicas ya que, por una parte, muchas ciudades, especialmente las de menor tamaño, no disponen de los recursos suficientes para implementar una ZBE acorde a la ley establecida y eficaz. Asimismo, desde la perspectiva del ciudadano, las ayudas para renovar el vehículo no siempre son suficientes ni accesibles ya que se imponen requisitos complejos, plazos largos y cuantías que, en muchos casos, no suelen cubrir el coste de un vehículo nuevo.

Y, por último, existe una notable desigualdad entre municipios en el diseño, la dimensión y el funcionamiento real de las ZBE, mientras que en algunas ciudades la zona afecta a toda la urbe, los límites están claramente señalizados y no se imponen sanciones a los residentes, en otras, como Madrid,las restricciones son más estrictas e incluso limitan la libertad de movimiento a personas que residen dentro del propio término municipal.

¿Sabías qué...?

Más del 60% de los coches que circulan en España tienen más de 10 años, convirtiéndonos en uno de los países con el parque automovilístico más envejecido de Europa. Esto complica una implantación efectiva de las ZBE en España, tanto por la gran cantidad de vehículos antiguos en circulación como por el elevado precio de los coches nuevos.

Cámaras de vigilancia para control de emisiones en zonas urbanas

¿Podrían desaparecer las ZBE en España al igual que en Francia?

La inesperada retirada de las Zonas de Bajas Emisiones en Francia ha hecho que la población se pregunte si el resto de los países europeos seguirán los mismos pasos y, aunque por ejemplo con España existen similitudes en la implementación, el contexto legal, político y social es diferente.

Aunque ya hay ciudades como Madrid que han extendido el periodo de implementación y multas para los residentes por un año, no hay vistas de que se vayan a eliminar por completo en ninguna ciudad de España.

Las ZBE de España están amparadas por una ley estatal con rango nacional, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada con amplio consenso parlamentario.

Eliminar las Zonas de Bajas Emisiones en España requeriría derogar o modificar una ley estatal en un proceso político más completo que actualmente no se encuentra en ninguna agenda legislativa de ningún gobierno autonómico ni del ejecutivo central.

Por otro lado, Europa exige a sus Estados miembros el cumplimiento de determinados objetivos de emisiones y sobrepasarlos, conlleva importantes multas. Aunque las ZBE no son una medida obligada por la Unión, si es cierto que son una herramienta rápida de reducir la contaminación en puntos concretos de las ciudades con más tráfico.

Sin embargo y pese a todo lo anteriormente mencionado, no se puede descartar que algunas ZBE de España sufran retrocesos puntuales especialmente en municipios donde existe una fuerte oposición vecinal o comercial, donde no se han desarrollado alternativas eficaces de transporte público o donde hay una instrumentalización política de malestar social, especialmente en años electorales.

Señal de la ZBE Madrid 360 en el Distrito Centro con edificios históricos

¿Qué pasará con las Zonas de Bajas Emisiones de España?

La eliminación de las ZBE de Francia ha reabierto el debate sobre este tipo de restricciones y ha encendido las alarmas en países como España. Sin embargo, todo apunta a que estas zonas seguirán vigentes en aquellas ciudades españolas donde ya se han implantado.

España ya ha recibido varios avisos por superar los límites establecidos por Europa en cuanto a niveles de contaminación, lo que hace necesario mantener medidas que ayuden a contener las emisiones y mejorar la calidad del aire.

No obstante, si estas medidas no se acompañan de ayudas más eficaces, mejoras reales en la movilidad alternativa y una comunicación más cercana y transparente con la ciudadanía, existe un alto riesgo de rechazo social, litigios e incluso retrocesos políticos que podrían comprometer su continuidad.

La experiencia de Francia ha dejado claro que las políticas medioambientales no solo deben ser sostenibles en términos ecológicos, sino también viables desde el punto de vista social ya que, de lo contrario, no lograrán los objetivos previstos ni se mantendrán en el tiempo.

Artículos relacionados